LOS DOMINGOS CON DOMINGO ( 10ª. Jornada)

Buen día hoy 22 de enero de 2012.

A nuestros oyentes y amigos, salud, trabajo y libertad.

Hoy nos corresponde concluir esta breve singladura de siete u ocho salidas semanales en antena ocupando veinte minutos cada domingo dentro del rótulo “Los Domingos con Domingo” en la emisora Gestiona Radio y dentro del programa El Color de Viajar.

Y como había prometido hoy me cumple presentarles a mis colaboradores Cristina Moreno, Julio Rico y Felipe Bances los cuales en el más legítimo uso de su respectiva libertad de expresión van a manifestar su opinión acerca de diversos extremos de la más rabiosa actualidad con el único deseo de que puedan oir voces jóvenes que viven en la sociedad española que les ha tocado vivir.

Ya saben que si quieren conocer más datos sobre cada uno de ellos pueden encontrarlos en la www.galiciadigital.com o en www.goasrico.es.

Y sin más preámbulos entremos en materia:

Mis queridos colegas Cristina, Julio y Felipe, vamos a iniciar nuestro tetrálogo y con la intención de acertar en el orden de explicación de materias a nuestros amigos oyentes, creo que debemos comenzar preguntando a Julio Rico.

Buenos días Julio: “¿Crees que es verdad que la justicia es igual para todos? y en caso contrario, ¿en qué crees que falla?

Pues, sinceramente Domingo, creo que la justicia no es igual para todos.

Entiendo que existen varias circunstancias para sostener mi opinión que no es, lógicamente, dogmática:

. En primer lugar, el comportamiento de las acusaciones en los procedimientos penales, generalmente sostenidas por el Mº Fiscal: téngase en cuenta que el Mº Fiscal funciona bajo el principio de jerarquía por el que los fiscales deben atenerse a las directrices y órdenes de sus superiores. A ello le debemos añadir el peculiar sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, pues actualmente éste es nombrado por el CGPJ  a propuesta del Gobierno; pero, ¿quién nombra al CGPJ? Pues los políticos luego la conclusión a la que llegamos es que el nombramiento del Fiscal General es político, y ello independientemente de su preparación pues incluso hemos llegado a ver en España la anulación judicial del nombramiento de un Fiscal General una vez éste ya no ostentaba el cargo. Consecuencia de lo anterior: las acusaciones, en muchas ocasiones, están dirigidas políticamente.

. Por otro lado, y de manera similar, me refiero al sistema de nombramiento de los jueces que ocupan los escalafones más altos. Éstos son nombrados por el CGPJ que, como hemos visto, se trata de un órgano cuyos miembros son designados políticamente. Qué decir de los jueces del TC respecto a los cuales las peleas entre los partidos políticos para dilucidar a quién nombran duran más que la Guerra de los Cien Años. Y, por último, los jueces del TS sufren de los mismos problemas de luchas políticas en su designación, sobre todo en la sala de lo penal, encargada del enjuiciamiento de delitos.

            . En tercer lugar, el sistema judicial también falla con los abogados bien por su preparación o bien porque el justiciable con más posibilidades económicas puede contratar uno más hábil, por el contrario a quien no tiene tales disponibilidades económicas.

            Respecto a la preparación de los abogados yo soy partidario de que inicialmente participen de un turno de oficio obligatorio que les dote de experiencia (al igual que los jueces y fiscales deben subir en el escalafón de manera más razonada a como actualmente se efectúa pues no cabe que un juez pase a magistrado en una capital en un período menor a los 5 años).

. Por último, dependiendo de los anteriores factores, el tiempo que puede tardar la resolución de un pleito se puede alargar o acortar por mor o consecuencia de las anteriores circunstancias

Luego, la justicia o, mejor dicho, el funcionamiento del sistema judicial, no es igual para todos.

Gracias Julio.

 

Vamos a ver Felipe, como teórico guardián y definidor de nombramientos de los teóricos impartidores de justicia hablamos, por favor, del Consejo General del Poder Judicial.

Ciertamente mi opinión no puede ser buena.

 Problema

Como a nadie creo que se le escapa, el principal problema del Consejo General del Poder Judicial es su excesiva politización, como, por desgracia, la de gran parte del sistema judicial, lo que es profundamente antidemocrático y muy negativo para el funcionamiento de nuestro Estado de derecho. 

La principal causa de esta politización se debe, a mi juicio, al radical  cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo operado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Mientras que en la Ley de 1980 los 12 vocales de procedencia judicial eran elegidos directamente por jueces y magistrados, la LOPJ de 1985 instauró el sistema actual según el cual todos los vocales del Consejo son elegidos por el Congreso y el Senado, a propuesta, eso si, de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados. Así se da la paradoja de que el gobierno de los jueces no es elegido por los jueces sino por el poder legislativo.      

Sabedores del gran poder e influencia del Consejo General del Poder judicial, los partidos políticos han utilizado este órgano como campo de batalla en el que dilucidar sus luchas partidistas frustrando así la principal finalidad del CGPJ como es la de velar por la independencia del Poder judicial y se ha hecho realidad el peligro que anunciaba el TC de que se produjese un reparto por cuotas entre los partidos políticos, lo que ha llevado a su inoperancia y actual situación de bloqueo.  

Posibles soluciones

Al igual que muchos juristas, creo que la primera medida para que el Consejo pueda recuperar cierta independencia sería volver al sistema de elección por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y magistrados del país, asociados o no, de los 12 vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ, aunque reconozco que dada la politización de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados esto sólo no resolvería el problema.

También habría que buscar medidas que favorezcan la independencia de los vocales del Consejo. Una idea podría ser el nombramiento para cargos vitalicios tras su paso por el Consejo o ampliar el cuerpo electoral de los 12 vocales judiciales a fiscales, secretarios judiciales y abogados, como ha propuesto UPyD en su último programa electoral.

En cualquier caso, la solución se antoja difícil, dados los múltiples mecanismos de control creados por el poder político para dominar al Poder judicial.   

 

Gracias Felipe pero, siguiendo en esa línea, ¿Cómo entiendes e interpretas la dicotomía Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional?

A mi juicio la división de funciones entre ambos tribunales es clara, pero está siendo malinterpretada por el Tribunal Constitucional.

Jerarquía

Aunque pueda parecer que el Tribunal Constitucional sea de mayor rango que el Tribunal Supremo, esto no es así. Como es sabido, el Tribunal Constitucional no se incluye en la jerarquía del Poder judicial, formando una categoría propia. Por tanto, entre ambos órganos no existe una relación jerárquica, sino sólo competencial.   

Situación en la práctica

Pero es cierto que en la práctica parece que el Tribunal Supremo si esté subordinado al Tribunal Constitucional. Éste puede anular sentencias del Tribunal Supremo, pero no al revés. A modo de ejemplo podemos citar la sentencia por la que se  legalizó BILDU o la sentencia del caso Urbanor en la que se absolvió a “Los Albertos” de un delito de estafa y falsedad documental por haber prescrito. En ambos casos, por la vía del recurso de amparo, el Tribunal Constitucional vino a anular sendas sentencias del Tribunal Supremo sobre cuestiones de legalidad ordinaria, arrogándose funciones interpretativas que no le correspondían.          

Funciones del TC

Hay que recordar que la función principal del Tribunal Constitucional  es velar por el cumplimiento de la Constitución Española, pudiendo declarar nulas leyes inconstitucionales y defender a los ciudadanos de violaciones de sus derechos fundamentales.

En este sentido hay que indicar que el recurso de amparo es de naturaleza exclusivamente constitucional, por tanto, no interesa ni debe interesar la disputa o conflicto que subyace al mismo. O dicho de otra forma, no es la administración de justicia lo que interesa, sino que no haya fallos en el proceso de administración de justicia en lo que a derechos fundamentales se refiere.

Es precisamente en este punto en el que creo que el Tribunal Constitucional se está extralimitando en sus funciones y usurpando las del Tribunal Supremo.

Soluciones

¿Cómo se podría acabar con esta situación?

La solución ciertamente no es fácil.

Quizá pudiera pasar por la integración del Tribunal Constitucional en el propio Tribunal Supremo como Sala 6ª y que estuviera conformada mayoritariamente por jueces, aún cuando pudiera incorporar juristas de reconocido prestigio por el denominado 5º turno. Así se evitaría que el Tribunal Constitucional  fuese una tercera instancia, como es actualmente, y se dedicase a resolver:

-       impugnaciones de leyes

-       cuestiones de constitucionalidad y

-       conflictos de competencias

Para que el resto de salas del Tribunal Supremo fueran el máximo intérprete de la Constitución en materia de derechos fundamentales en cada jurisdicción, con posibilidad de recurso para unificación de doctrina en caso de discrepancias importantes en la interpretación de las normas constitucionales. 

Gracias Felipe.

 

Y dentro de esta línea de opinión, Julio, ¿ves justo y adecuado, es decir, jurídicamente correcto, el criterio interpretativo de las normas ante la colisión de opiniones que se manifiestan en las diferentes jurisdicciones?

El problema más grave, Domingo, tal vez no sea el planteado pues, teóricamente, cada jurisdicción ventila, o estudia, asuntos diferentes y autónomos.

El problema más importante es que, dentro de una misma jurisdicción, no existen los mismos criterios, e incluso el TC defiende que no obedecer, o seguir, la jurisprudencia no supone una violación de la Constitución, es decir, que la jurisprudencia no ata a los jueces sobre la base de su independencia.

Pero vayamos por partes; la jurisprudencia se entiende como la doctrina jurídica que sienta el TS a través de dos o más sentencias.

Pues bien, el TC nos ofrece dos tipos de respuestas respecto al valor de la jurisprudencia:

            . Por un lado, nos dice que la misma es fuente complementaria del derecho pues sirve al principio de igualdad y a la seguridad jurídica (STC 246/1993 y 17/1995)

            . Por otro lado, nos dice que no cabe fundamentar un recurso de amparo en la infracción de la jurisprudencia pues ello no constituye un ataque al principio de igualdad (STC 41/1986). Y en la STC 160/1993 nos señala que no existe sumisión del juez a la jurisprudencia sino que lícitamente puede discrepar de la misma.

            Resumidamente, el TC entiende que el principio de igualdad protege frente a discriminaciones materiales pero no frente al cambio de doctrina y, cuando se producen tales discriminaciones, habrá que probar que la nueva opinión doctrinal se basó en circunstancias meramente personales (SS TC 46/1996 y 7/1998).

Por eso, puede decirse, siguiendo al maestro Federico de Castro y Bravo, que la jurisprudencia ni antes ni ahora tiene fuerza vinculante con carácter absoluto pues cabe apartarse razonadamente de la doctrina del TS.

Personalmente, veo justo que los jueces puedan apartarse de la doctrina sentada por el TS, pero hago hincapié en que lo sea razonada, argumentada y comprensiblemente pues, de lo contrario, la inseguridad estaría servida. Y, junto a lo anterior, se precisa que ese cambio de doctrina esté salvaguardado por el filtro de una instancia o tribunal superior lo que, actual y teóricamente, sí tiene cabida en nuestro actual sistema judicial a través del recurso de casación ante el TS para que éste pueda controlar tales cambios doctrinales a través del llamado interés casacional.

Gracias Julio.

 

Cristina te hemos dejado para el final porque los temas que vas a tocar y que tú has elegido son de notoria actualidad ante el drama de esta familia andaluza a la que la justicia no colmó sus aspiraciones. ¿Qué opinas acerca de que la cadena perpetua quepa en la actual legislación española?

            Quiero empezar afirmando que, tal y como nos lo evidencian los telediarios cada día, en Derecho tiene cabida casi todo y sólo dependerá de cómo se mire la botella.

            Es cierto que la Constitución Española (art. 25.2) establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción social del reo y si es de por vida la pena, por definición, no habría tal vuelta a la sociedad del condenado pero en mi opinión, esta condición, la reinserción, puede cumplirse si se establecen mecanismos que permitan revisar esas penas, una vez se haya cumplido un tiempo y transcurrido el cual, se pueda obtener la libertad provisional.

 También es cierto que la Constitución Española (art. 15) prohíbe las penas inhumanas, pero la opinión de los propios delincuentes demuestra que el trato y las condiciones que disfrutan los presos están lejos de poder considerarse inhumanas, siendo en algunos casos mejores dentro que fuera de la cárcel.

            La sensación de la sociedad es que delinquir en España sale gratis y eso debe combatirse con penas que en primer lugar se cumplan en los términos fallados aunque esa pena suponga, de facto, la cadena perpetua.

            Lo que no puede ser es que los delincuentes se vanaglorien de sus delitos como si se tratara de hazañas y además, la Ley los proteja más a ellos que a las propias víctimas. En este sentido, nominalmente incluso, la cadena perpetua generaría confianza en la sociedad. 

Muchas gracias Cristina.

Y ahora otro tema de vital importancia para cualquier ciudadano que deba acudir a una instancia judicial ¿Qué opinas sobre las costas judiciales? ¿Crees que deben imponerse sólo por perder un juicio o sólo cuando se prueba temeridad o mala fe?

            En mi opinión, para tratar el tema de la condena en costas, debemos partir de la esencia de esta institución. Y dicha esencia tiene carácter indemnizatorio. El fin último de la condena en costas es el de resarcir al que se ve obligado a acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos, y no el de castigar al que acude a los mismos Tribunales y no consigue un pronunciamiento satisfactorio a sus pretensiones.

            En este planteamiento, creo que deben distinguirse dos situaciones:

            a) Cuando litigan dos particulares.

            b) Cuando litiga un particular y una Administración pública.

            En el primer supuesto, la legislación ha establecido el criterio del vencimiento objetivo, esto es, “quien pierde paga” y, en la mayoría de los casos, a mi me parece razonable porque indemniza al que le ampara la ley y, como contrapartida, es un gravamen adicional para el que sabiendo que la otra parte tenía razón ha forzado un pleito.

            En el segundo supuesto, también se ha implantado recientemente (Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal) el criterio del vencimiento, y esto a mí no me parece tan razonable. Y ello porque se ha distorsionado la esencia de la institución, pasando la misma a tener un carácter sancionador y disuasorio en la defensa judicial de los derechos de los administrados, en procedimientos donde las partes procesales, por razones obvias, no gozan de una situación de equilibrio.

            El criterio que regía anteriormente, el de la temeridad o mala fe, me parecía más ajustado a la relación ciudadano-Administración pero ahora la regla se ha convertido en la excepción, ya que el Tribunal podrá no imponer las costas si aprecia que el caso presenta serias dudas de hecho o de Derecho.

            En resumen: para mi, sólo en los supuestos en los que está claro a quien le asiste la razón deben imponerse las costas, tanto en el orden civil como en el orden contencioso, indemnizando así al vencedor cuando el auxilio judicial se ha instrumentalizado como un mero mecanismo dilatorio del conflicto.

Muchas gracias Cristina.

 

Nos tratan de seguir engañando. Unos con la ambigüedad, otros con la demagogia. Somos el único país del mundo occidental donde todavía existe un partido comunista fragmentado en a saber cuántas “sectas”. El partido más asesino de la historia de la humanidad sigue tocando la palinodia de la democracia. Y los creen y los siguen. Lean ese librito al que me referí el día anterior de un demócrata con pedigrí recientemente fallecido y que se llamaba Václav Havel. No caigan en tentaciones irresponsables. No se dejen llevar por cantos de sirena. Hoy no hay Dedémonas que esperen a Ulises perdidos entre arriscados peñascos que lo detengan antes de llegar a su Ítaca con su amada.

Piensen que primero hay que vivir y después filosofar así que como la Sagrada Familia huyendo de los modernos Herodes, váyanse de España, siendo españoles y amando España pero no a los sudvertidores de la honrada manera de vivir en esta tierra otrora de promisión y hoy de deserción.

¿Cuántos de nuestros oyentes han tenido familiares en el extranjero? Comparen los que han ido a Cuba, Venezuela o Argentina. Gracias a los redentores de la igualdad en la miseria, todos iguales en la indignidad y el oprobio, con los que están hoy en Europa, españoles en la Alcaldía de Ginebra, en el Gobierno Federal Suizo, en Francia y Alemania, en EE.UU., españoles en diversos Gobiernos americanos.

Aprovechen las escuelas bilingües, pierdan el miedo, piensen en futuro. España es un país esquilmado por los políticos, los bancos, vayan a donde o no los esquilmen o si ocurre que puedan controlarlo ustedes.

Y ya en estos postreros minutos que restan hasta la una de la tarde, muchas gracias a quienes nos han atendido. Gracias al Director, Productora, Presentador y Técnico del programa. Deseamos al programa y a las personas citadas que lo desarrollan el mejor futuro.

Nosotros no podemos omitir, a título personal, un recuerdo a un gallego universal e inimitable que nos ha dejado. Me refiero a Don Manuel Fraga. Desde aquí nuestro más respetuoso recuerdo y eterna memoria. A él hemos referido un obituario en tres fracciones según los días de luto que decretó el Gobierno Gallego totalmente alejado de la política. ¡Qué talento perdió España!

Y respecto al Color de Viajar, reiterándole los mejores deseos sólo nos resta manifestarles como conclusión que nuestro color de momento en coherencia con lo que hemos venido diciendo a lo largo de nuestros programas y por un tiempo es el negro. Pero el humor, la risa y la autoestima no nos la quitarán.

Amigos: salud, trabajo y libertad. Y nosotros seguimos en la www.galiciadigital.com.